Ya se cumplieron los treinta días para que los funcionarios electos en febrero pasado hayan presentado su declaración jurada de patrimonio. CUÁLES HAN HECHO SU DECLARACIÓN?

Santo Domingo.-La Ley 311-14, promulgada en la República Dominicana, establece la obligación de los funcionarios públicos de presentar una declaración jurada de patrimonio. Esta normativa tiene como objetivo promover la transparencia y prevenir la corrupción, asegurando que los recursos del Estado sean manejados de manera responsable.

Sin embargo, ha salido a la luz que un número significativo de funcionarios electos no ha cumplido con esta obligación. Este incumplimiento no solo viola la ley, sino que también socava la confianza pública en los funcionarios electos de manera democrática.

Consecuencias del Incumplimiento

1. Sanciones Legales: Los funcionarios que no presentan su declaración pueden enfrentar sanciones que incluyen multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en casos graves, acciones penales.
2. Pérdida de Confianza: La falta de transparencia contribuye a la desconfianza de la ciudadanía en el gobierno y sus instituciones.
3. Frenar la Corrupción: Sin la presentación de declaraciones patrimoniales, se dificulta el monitoreo y control del enriquecimiento ilícito y conflictos de interés entre los servidores públicos.

Llamado a la Acción

Es crucial que las autoridades responsables refuercen las medidas de control y hagan cumplir la ley a cabalidad. La rendición de cuentas es un pilar fundamental de una democracia saludable y funcional. Por lo tanto, se insta a todos los funcionarios públicos a cumplir con su obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio.