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SANTO DOMINGO.- Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), advirtió que el Proyecto de ley depositado por el Presidente de la República, Luis Abinader de “Fortalecimiento del Sistema de Justicia”, constituye un grave retroceso institucional, al entregar en favor del Ministerio de Justicia, funciones constitucionales del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo, llegando hasta el extremo del anular la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), convirtiéndolo en una dependencia del Poder Ejecutivo, que controlará los análisis periciales forenses en materias de drogas, falsificación de documentos y autopsias, sentando las bases para la desvinculaciones de cientos de técnicos forenses de carrera, para contratar activistas políticos al servicios del Ministro de Turno;
Miguel Surum Hernández, presidente del CARD, recordó que la Ley 458-08, que creó el INACIF, como entidad totalmente autónoma, no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República, precisamente para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.
Miguel Surun Hernández, quien además es jurista, aseguró que dicho proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el Control, Fiscalización y Regulación de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG), con poder para anular aquellas Fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalización ciudadana instaurado en virtud de la Constitución, y de la Ley 122.
Otro punto negativo enumerado por Surun Hernández, es que supuestamente se entrega al Ministerio de Justicia, el control y fiscalización de Abogados y Notarios, despojando al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios de dichas facultades, que le fueron otorgadas en virtud de la Ley 3-19 y 140-15, asestando un rudo golpe a la libertad y fortaleza gremial en la Republica Dominicana.
De hacerse realidad la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, dicho Ministerio de Justicia asumiría, además, la expedición de todas las certificaciones oficiales del Estado Dominicano, muy especialmente de los certificados de no antecedentes penal, bajo el riesgo de politizar dicho sistema, que ha tenido una labor aceptable en los últimos años.
