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Aprobada en única lectura por la Cámara de Diputados, la nueva ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios se actualiza al marco jurídico actual, creando las regulaciones, condiciones y obligaciones para propiciar seguridad jurídica en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios del país.
La pieza legislativa actual reemplaza la Ley 4314, promulgada por Rafael Leónidas Trujillo Molina el 22 de octubre de 1955 y la cual desde aquel entonces solo presentó ligeras modificaciones con la Ley 1799 del 5 de febrero de 1988.
La nueva normativa establece en su artículo 7 que el pago de comisión por corretaje será por cuenta de quien lo contrate, estableciendo de manera directa que la parte que solicita los servicios de corredor debe cubrir esa comisión.
Además de agregar en el párrafo que los gastos legales del contrato de renta o alquiler deben quedar equitativos entre el arrendador y el inquilino.
El artículo 14 especifica que el propietario o inquilino debe registrar el contrato de alquiler en la Oficina de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas de su ayuntamiento más cercano para fines de hacer valer su derecho a personas que no sean partes del mismo.
Si un ciudadano deja de pagar la renta dispuesta en el contrato de alquiler, el arrendador podrá proceder al embargue de los bienes del inquilino para garantizar el pago de los montos pendientes. Así lo establece su artículo 17.
En caso de dificultades que se originen por la devolución de sumas de los depósitos o garantías, serán resueltas por los juzgados de paz y los casos de alquileres de viviendas en el tribunal de primera instancia.
