Columna de Opinión: ¿Emergencia sanitaria o excusa legal? El maco detrás del Decreto 312-25 por el poder ejecutivo al ADN

El reciente Decreto 312-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declara un supuesto “estado de emergencia sanitaria” en el Distrito Nacional, ha generado más preguntas que soluciones. En teoría, el decreto busca responder a la crisis de residuos sólidos que afecta la capital. En la práctica, abre las puertas para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) realice contrataciones directas, sin procesos de licitación, amparado en un marco legal de excepción.

El Ayuntamiento se ha apresurado a defender la legalidad del decreto, asegurando que no vulnera su autonomía y que actúa en cumplimiento de la Constitución, la Ley 176-07 y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Sin embargo, el problema no es la legalidad aparente, sino la legitimidad, la transparencia y la participación ciudadana en decisiones de esta magnitud.

La alcaldía afirma que el decreto le “reconoce competencia” y “le habilita legalmente” para actuar. Pero detrás de esa narrativa institucional, se oculta una maniobra que excluyó por completo al Concejo de Regidores, a quienes ni se consultó ni se les entregó información detallada sobre el alcance, presupuesto o criterios del estado de emergencia. Esta omisión no es un descuido técnico; es una falta grave a los principios democráticos de gobernanza local.

Además, el contexto despierta suspicacias legítimas: ¿por qué declarar emergencia ahora, cuando la crisis de basura lleva años arrastrándose? ¿Qué empresas serán contratadas bajo este nuevo régimen de excepción? ¿Qué montos se manejarán y por cuánto tiempo?

Lamentablemente, lo que se presenta como una medida urgente para proteger la salud pública puede terminar siendo una licencia política para mover millones sin vigilancia ciudadana. Y cuando se eliminan los controles, se abre paso a la discrecionalidad, al clientelismo y al desvío de fondos, todo bajo el disfraz de “acción rápida”.

Creemos firmemente que la autonomía municipal no puede usarse como excusa para operar al margen del pueblo. Y mucho menos, que el marco legal se utilice como escudo para decisiones tomadas en la sombra.

Hoy, más que nunca, la ciudadanía debe estar atenta. Porque cuando hay basura acumulada en las calles, el hedor no siempre proviene solo de los desperdicios.

Acerca de Frank Guerrero

Frank Guerrero, editor económico de la sección economía del periódico EnterateRD. Se ha especializado en periodismo de investigación, datos, economía, medioambiente y turismo. Economía mención evaluación de proyectos en Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), cuenta con una especialidad en Tributación Corporativa del Instituto de Contadores Publicos Autorizados (ICPARD). Cuenta con un diplomado en Periodismo de Investigación de la escuela de locución Profesor Otto Rivera. Así como diplomados en Finanzas, Presupuesto, Planificación Estratégica, Inteligencia de Negocios, Planificación Financiera, Tesorería, Mercado de Valores y Evaluación de Proyectos. Con mas de 12 anos de experiencia en el sector financiero local en diferentes áreas. Sus trabajos han sido merecedores de múltiples premios institucionales.

Verifique también

El fin de la cooperativas? proyecto de ley se avecina para su regulación

El Gobierno tiene casi listo y consensuado un proyecto de ley para regular y modernizar …