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La Superintendencia de Bancos (SB) compartió elementos técnicos y algunas precisiones sobre el alcance del rol de los sujetos obligados, aclarando que no se ha dispuesto que las entidades de intermediación financiera (EIF) asuman un rol de “cuasi supervisor” del sistema, sino que cumplan con sus obligaciones en calidad de sujetos obligados.
“Interpretar lo contrario se opone al principio de Enfoque Basado en Riesgo (EBR), recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual guía la debida diligencia bancaria en función del perfil de riesgo de cada cliente”, expresó la SB a elDinero.
A raíz de una publicación de este medio, titulada “Advertencia sobre nuevo rol ‘cuasi supervisor’ de entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos”, del 1 de agosto de 2025, la SB precisó que no es nueva la responsabilidad que tienen las EIF en el cumplimiento de la debida diligencia de sus clientes, especialmente de aquellos que también son sujetos obligados (financieros o no financieros) en materia de prevención de lavado de activos.
“El objetivo del lavado de activos es legitimar e introducir al sistema financiero recursos obtenidos ilícitamente. Como las entidades de intermediación financiera son la puerta de entrada al sistema, la debida diligencia, la gestión integral de riesgos y las políticas y procedimientos que aplican en materia de PLAFT son fundamentales para impedir que malos actores menoscaben la integridad del sistema financiero mediante sus productos y servicios”, argumentó la entidad supervisora.
Por tanto, subrayó que las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios juegan un rol fundamental, al ser puntos de control con altos niveles de supervisión y exigencias regulatorias en la prevención del lavado de activos. Estos principios se reiteraron en la Carta Circular CCI-REG-202400015, con el fin de dejar claro cuál es la expectativa supervisora de la Superintendencia de Bancos. Además, el espíritu de la circular fue socializado con los gremios de las EIF.
Posteriormente, el 14 de julio de 2025, la SB emitió la Carta Circular CCI-REG-202500011, que establece que el requerimiento de constancia de registro ante la UAF y acceso a la plataforma GoAML (registro central contra el lavado de activos) tiene como objetivo verificar que los sujetos obligados cuenten con los medios necesarios para cumplir con sus deberes de reporte, conforme a la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La entidad señaló que sería contradictorio con las expectativas de la SB que, durante una inspección, se constate que las entidades financieras tienen como clientes a empresas que realizan actividades sujetas a previa autorización (licenciamiento) sin contar con la debida habilitación.
Asimismo, que existan clientes bancarios que, siendo sujetos obligados de la normativa de prevención, en especial los sujetos obligados financieros, no dispongan de los medios para reportar operaciones sospechosas; es decir, que no estén inscritos en el sistema de reportería de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La SB reiteró su compromiso con la transparencia, la eficiencia regulatoria y la protección del sistema financiero dominicano, en consonancia con los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Planteamientos del artículo
En el artículo “Advertencia sobre nuevo rol ‘cuasi supervisor’ de entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos”, los expertos en gestión integral de riesgos Cibeles Jiménez, fundadora de Ribels, y Héctor del Rosario Rodríguez, VPA de Cumplimiento PLAFT en Banco Promerica, destacaron los avances que ha logrado el país para fortalecer su marco de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Señalan que las recientes normativas y la labor activa de la SB y la UAF reflejan compromiso para cerrar brechas y alinearse a estándares internacionales.
Sin embargo, resaltaron la necesidad de que el ecosistema regulatorio reflexione sobre los límites y responsabilidades en esta lucha compartida. Mencionan que las circulares citadas son parte de un marco normativo diseñado para “blindar el sistema financiero”.
Ambos expertos enfatizaron que un marco más estricto no siempre se traduce en uno más eficiente.
Plantearon la cuestión de si las entidades financieras deben asumir un rol “cuasi supervisor” sobre terceros sujetos obligados, más allá del principio de “conocer a su cliente”, ya que esto, aseguraron, podría distorsionar el equilibrio funcional del sistema y desincentivar el fortalecimiento institucional de los órganos responsables.
Reporte de actividades sospechosas
La UAF explica que los reportes de actividades sospechosas (RAS) permiten que los sujetos obligados reporten toda situación donde no se haya realizado una transacción ni intento de esta, pero sí se haya confirmado el posible vínculo de un cliente con operaciones relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según el informe de la UAF, en 2024 se recibieron 729 RAS, para un incremento de un 19.9% respecto al 2023. De estos reportes, indica que 711 fueron remitidos por el sector financiero, es decir, el 97.5% del total. En tanto, el 2.47% (18 RAS) restante provino del sector no financiero. Subraya que el sector que remitió una mayor cantidad fue el de los bancos múltiples, con un peso relativo de un 72.4% del total recibido.
