SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) se declaró incompetente de conocer recurso de amparo del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, en el que pide al Ministerio Público una disculpa públicas por vincular su nombre al apodo “Medusa”.
La petición fue remitida al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional por ser el tribunal facultado para ventilar esa acción de amparo.
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice, aconsejó a los abogados del exrepresentante de la PGR a preparar su defensa ante las actuales y nuevas acusaciones que según aseguró habrá en contra de su defendido.
Al culminar la audiencia, la defensa del exfuncionario se retiraron sin ofrecer declaraciones a la prensa.
Caso Medusa
En el caso figuran además como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.