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Firmada en San Cristóbal en 6 de noviembre de 1844, la primera Carta Magna de la República Dominicana, documento que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos de esta nación, pero que a futuro se convirtió en un papel moldeable, según las intenciones políticas del gobierno de turno.
En ese contexto, el Senado de la República aprobó el pasado 27 de septiembre, en primera y segunda lectura, la reforma a la Constitución propuesta por el mandatario, Luis Abinader; siento la misma, renovada por ocasión número 40 desde la primera, en 1994.
A lo largo de la historia dominicana la Carta Magna ha sufrido diversas modificaciones que obedecen a los intereses partidarios y, posiblemente, en busca de la perpetuidad en el poder; situación que ha querido evitar (según su argumento) el actual presidente del país, quien propuso y motivó los aspectos añadidos o reconstruidos en el proyecto sometido por él.
El documento actual, aplica el artículo 268, que consagra la elección presidencial como un derecho inmodificable que asegura la alternancia en el poder como principio esencial.
Esta disposición, junto con una cláusula le impide a Abinader inclinarse por la reelección a un tercer periodo; también deja fuera las aspiraciones del expresidente Danilo Medina; siendo el expresidente Leonel Fernández, el único que queda habilitado para las elecciones presidenciales del 2028.
La iniciativa surgió en un momento, en el cual el partido oficialista cuenta con la mayoría en ambas cámaras legislativas y pudo haber usado dicha condición en beneficio propio para tratar de mantenerse por un tercer periodo a la cabeza de los poderes del Estado, decidió que sea por “dos períodos consecutivos y nunca más”.
La nueva Constitución fue proclamada por el presidente de la República, Luis Abinader, el domingo 27 de octubre durante una ceremonia, ante la Asamblea Nacional.
Otros aspectos que dieron mucho de qué hablar del ‘proyecto de reforma’ y que actualmente ya son parte de la recién proclamada Constitución, son: la unificación de las elecciones a partir de 2032 y una reducción en el número de representantes de la Cámara de Diputados.
